El juez Vinicius Gonçalves Porto Nascimento de la primera Vara del Juzgado de Penápolis (SP) incrementó una sentencia previa. El acusado deberá cumplir la condena efectiva en prisión en un régimen cerrado. Es la mayor condena penal en un caso de piratería audiovisual que se haya conocido en América Latina.
En un fallo considerado sin precedentes en la lucha contra la piratería audiovisual en Brasil, la Justicia del Estado de San Pablo condenó a 7 años y 6 meses de prisión en régimen cerrado a un hombre por robo y retransmisión de contenidos y lavado de dinero.
La sentencia, firmada por el juez Vinicius Gonçalves Porto Nascimento de la primera Vara del Juzgado de Penápolis (SP), detalla un esquema ilegal que operó entre 2017 y 2021 y que combinaba la oferta clandestina de señales de televisión por suscripción —a través del sitio controliptv.com.br— con un complejo sistema de lavado de dinero destinado a ocultar ganancias ilícitas por más de US$ 2,456 millones.
“Esta decisión judicial marca un hito en el combate a la piratería audiovisual en Brasil. El uso del máximo agravante legal por reiteración (2/3), sumado al establecimiento del régimen cerrado, señala un cambio de estándar en la respuesta penal a delitos de piratería de contenido y sus estructuras financieras asociadas”, consideró Jorge Bacaloni, presiente de Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA).
Los expertos de la Dirección de Investigación Criminal (DEIC) pudieron confirmar la existencia de una estructura comandada por un ciudadano -cuyas iniciales son HMA-, que actuaba a escala nacional y empleaba tecnología avanzada, empresas de fachada, vehiculación por terceros y fraccionamiento de transferencias bancarias para disimular el origen de los fondos.
La Justicia calificó el panel de distribución ilegal de señales operado por el condenado como “uno de los más sofisticados del país”, con miles de clientes y un sistema de cobranza diseñado para dificultar el rastreo financiero.
Considerado uno de los mayores procesos judiciales contra la piratería digital en el país, este caso comenzó en la Fase 2 de la Operación 404, liderada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil el 5 de noviembre de 2020, cuando se ejecutaron 25 órdenes de registro y confiscación, bloqueo de 252 sitios web y 65 aplicaciones de streaming ilegal de contenidos.
Como aporte a la Operación 404, la asociación internacional Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) presentó en ese momento una investigación desarrollada con el apoyo de Nagravision con la que denunció un esquema de IPTV pirata (dominio controliptv.com.br vinculado a la infraestructura meupainel.me), que ofrecía señales de TV por suscripción y 10 mil títulos de películas y series sin autorización de los titulares de derechos.
Tras la denuncia del Ministerio Público, ALIANZA se incorporó formalmente al proceso como asistente de acusación -con el asesoramiento legal de la abogada criminalista Marjori Ferrari del estudio CQSFV Abogados-, presentando informes técnicos y cálculos que estimaban que el esquema generaba aproximadamente US$ 944,73 mil anuales, basándose en métricas de acceso y conversión de usuarios en clientes.
El fallo reciente demuestra que el dinero procedente de delitos contra los derechos autorales fue utilizado para adquirir cuatro vehículos de lujo, entre ellos una Porsche Cayenne GTS registrad a nombre de un tercero para ocultar su verdadera propiedad, además de un inmueble valuado en US$ 207,84 mil cuya titularidad también fue ocultada mediante maniobras documentales.
Dos empresas controladas por el acusado —Protection Host y Pizza Mais— fueron utilizadas para mover elevadas sumas de dinero sin registrar actividad económica compatible ni emitir comprobantes fiscales, caracterizando su uso como instrumentos de lavado, dice la sentencia del juez Vinicius Gonçalves Porto Nascimento.
Así, el juez decidió incrementar la condena previa de la 2ª Vara Judicial de Penápolis (conocida en diciembre de 2025) cuando el acusado HMA recibió la pena de 6 años, 8 meses y 26 días de prisión. Y mantuvo el pago de 25 días-multa, cada uno equivalente a cinco salarios mínimos vigentes en la época de los hechos.
Vinicius Gonçalves Porto Nascimento también condenó a otro ciudadano -cuyas iniciales son RMS- a 4 años de prisión en régimen semiabierto, por ocultar en su nombre uno de los vehículos adquiridos con recursos provenientes de piratería digital.
La sentencia destaca que el esquema desmantelado incluía más de 11.800 depósitos bancarios, movimientos de empresas ficticias, inconsistencias fiscales significativas y el uso de terceros para ocultar bienes y valores. La Justicia aplicó el agravante máximo previsto en la Ley 9.613/98 para casos de lavado “cometidos de forma reiterada”, subrayando la gravedad y la profesionalización de la actividad ilícita.
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26.01.26 13:55
